LETICIA, 2005

“La seguridad democrática, que protege las carreteras con mucho acierto,
no puede hacer lo propio por quienes habitamos los ríos, selvas y llanos de Colombia ”

HAN TRANSCURRIDO DOS MESES desde que fue hallado el cadáver del dirigente Saúl Márquez, uno de los 13 indígenas colombianos asesinados en los primeros 42 días del año... uno de los 236 indígenas asesinados bajo el gobierno de la Seguridad Democrática. A partir de octubre de 2002, después de ser despojado de 36,5 millones de pesos en Tabatinga (Brasil), Márquez –quien era encargado de trasladar el dinero de las transferencias del Estado a las comunidades de la Zona Arica- había optado por variar su ruta. El nuevo camino consistía en abordar un avión hasta Bogotá, luego a Puerto Asís y, desde allí, trasladarse en lancha a su hogar. No obstante, en la tarde del 06 de enero, después de girar a Puerto Asís la mayor parte del dinero y de reservar su cupo en un vuelo a la capital colombiana, Márquez salió de las residencias Divino Niño en Leticia. Al día siguiente, agentes de la policía encontraron en un paraje desolado de Tabatinga su cuerpo incompleto –carecía de uñas y dientes- atado de pies y manos, con señales de asfixia, laceraciones en el tórax y cinco tiros incrustados en su cabeza, tal y como fue reseñado por el diario El Tiempo. El caso más reciente se reportó el pasado 09 de febrero, cuando el Ejército colombiano halló en inmediación de la vereda Pontón los cadáveres de dos supuestos milicianos muertos en combate. Los occisos correspondían al kankuano Hermes Enrique Carrillo Arias y a su compañera, la wiwa Noemí Pacheco Zabatá, menor de edad y en estado de embarazo, quienes habían desaparecido el día anterior.



Ni la muerte violenta de los indígenas es asunto que sorprenda en la época actual y mucho menos en Colombia, una Nación cercada por el conflicto y la inseguridad. Sin embargo, los últimos hechos han generado el pronunciamiento de diferentes entes. Volmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, envió una carta fechada el 01 de febrero al Ministro del interior y de justicia, Sabas Pretelt de la Vega. En dicho documento se convocaba a una sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Por su parte, los voceros de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) han solicitado “la solidaridad y el apoyo de las organizaciones sociales, amigos de la lucha indígena y de la defensa de los derechos humanos”.



De acuerdo con las publicaciones del gobierno, los objetivos generales de la Política de Defensa y Seguridad Democrática son la protección de los derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento del Estado de derecho y de las autoridades democráticas. Gracias a las operaciones conjuntas de la fuerza pública, las actividades delictivas de los grupos insurgentes han menguado sus efectos contra la población civil; de esta manera, uno de los primeros frutos ha sido la disminución en un 25% de los secuestros durante lo corrido del periodo presidencial. Sin embargo, otros sectores del país e incluso del mundo –opositores, microempresarios, indígenas, Amnistía internacional, etc.- han coincidido en que la Política de Seguridad Democrática debe replantearse. Según Pedro Medellín, presidente de la Fundación Ortega y Gasset, los principales aspectos que deben ser evaluados son el respeto por los Derechos Humanos, la participación de los pequeños y medianos empresarios y la intensidad del conflicto armado. El interés económico del gobierno se ha focalizado en los monopolios y multinacionales. Una delegación de Amnistía internacional afirmó que las políticas de seguridad, tal y como se manifiestan en los proyectos de ley, estarían colaborando en la agudización de la crisis de los Derechos Humanos. En cuanto a las actividades militares, lo que se ha planteado es una estrategia de guerra, reforzada a través de la incorporación de más hombres a las filas y la compra de armamento, dispositivos y equipos tecnológicos; mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando mejoras en la inversión social.



El presidente Álvaro Uribe, después de enterarse en un Consejo Comunal del caso de Saúl Márquez y de los peligros que debían atravesar los líderes indígenas para trasladar el dinero de las transferencias, encomendó esta tarea al Ejército Nacional. Con esta medida se garantiza que las transferencias no se pierdan en el camino, pero no se resuelve el verdadero problema: la seguridad de los grupos indígenas. Por tal motivo, las comunidades han sentado su voz de protesta y han pedido a los insurgentes respeto por sus derechos; a las autodefensas, coherencia con las propuestas del proceso de negociación y, al Estado colombiano, amparo para las 84 comunidades existentes, la investigación y esclarecimiento de los hechos donde han sido perjudicados miembros indígenas y la reconsideración de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.



A pesar de los recientes atentados contra los Derechos Humanos, voceros de la ONIC han manifestado que “este año los pueblos indígenas estaremos más presentes que nunca en la vida del país, porque tenemos la certeza que el futuro de la Nación está ligada al futuro de sus pueblos ancestrales”.